Reconstrucción de Oaxaca a debate

Isidoro YESCAS

Si bien es cierto que Rosario Robles, Secretaria de la SEDATU y enlace presidencial en la reconstrucción de Oaxaca, ha sostenido públicamente que la construcción y reparación de viviendas de los municipios dañados por los sismos de septiembre será de “abajo hacia arriba” y siempre respetando la identidad cultural de los pueblos, en los hechos viene ocurriendo todo lo contrario.

Por principio de cuentas el programa eje de los gobiernos federal y estatal denominado “Estrategia de reconstrucción para las comunidades afectadas por los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017” no es resultado de un proceso de consulta “desde abajo”, y ni siquiera con autoridades municipales, organizaciones sociales o legisladores locales y federales de Oaxaca, sino una especie de decreto “desde arriba”. Sin embargo, y solo con fines de legitimación y recurso publicitario, durante su presentación en Palacio de Gobierno, fueron invitados  algunos representantes sociales y de la iniciativa privada.

Uno de estos invitados fue el empresario y filántropo Alfredo Harp Helú quien, junto con el maestro Francisco Toledo (ausente en la reunión),  se han pronunciado públicamente porque en las tareas de reconstrucción se respeten las costumbres y tradiciones de los pueblos damnificados y se privilegien el uso de materiales producidos en cada región. ( Ambos, por cierto, ya hicieron un primer corte de caja de lo recaudado por concepto de donaciones en efectivo: FAHH-Banamex, 80 millones; IAGO: más de 8 millones).

Otro invitado, José Luis Bustamente, empresario y miembro de Pro-Oax, fue muy claro al  advertir el grave riesgo que enfrentan las comunidades si, por principio, en las tareas de demolición y reconstrucción no se respetan las normas establecidas para tal efecto por el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres)  lo ya sucedió en algunos pueblos del istmo como Juchitán y Unión Hidalgo. Asimismo, hizo un llamado a la SEMARNAT para que vigile que los escombros de viviendas y edificios demolidos no se arrojen en las orillas de ríos y arroyos, como también viene ocurriendo; a la SSA para que los hospitales cuenten con los medicamentos e insumos necesarios para atender a la población damnificada,etc.

Nadie se opone a que desde los gobiernos federal y estatal se impulsen programas y acciones para devolverle a miles de familias damnificadas y a sus pueblos  parte del patrimonio y tranquilidad perdida por la convergencia de los dos sismos y las inundaciones. En lo que se discrepa, y que cada día provoca mayor malestar e indignación social, es en los métodos de los que se valen las autoridades para decidir cuánto y cómo se van a administrar y distribuir los más de 9 mil millones de pesos de los cuatro fondos gubernamentales (FONDEN, bono catastrófico, seguro catastrófico estatal y endeudamiento público) anunciados por el Secretario de Finanzas, Jorge Gallardo. Y los que aún faltan de informar públicamente, como los recursos que la misma Secretaría de Finanzas del gobierno del estado captó a través de la cuenta Bancomer que abrió en la etapa de emergencia.

En la presentación de la “Estrategia de Reconstrucción”  el gobernador Alejandro Murat anunció ante un selecto auditorio los objetivos del programa: uno, emitir tarjetas con el lema “Oaxaca nos necesita” para “democratizar” (sic) los apoyos económicos de la sociedad, mismos que irán a parar al Fideicomiso “Fuerza México, capítulo Oaxaca”; dos, que personas físicas o morales adopten una vivienda o edificio histórico para construirlo o reconstruirlo y, tres, promover la creación de un  Comité Ciudadano de Supervisión y Transparencia para darle seguimiento a las acciones gubernamentales y “vigilar la aplicación transparente de los recursos captados”.

Si con los tarjetas de 120 y 15 mil pesos que se están entregando a las familias que registraron pérdida total o parcial de sus casas, las críticas por lo irrisorio del monto y los plazos de entrega se han generalizado, y más aún por la presunta complicidad de funcionarios federales y locales con empresas y agencias relacionadas con la construcción de viviendas o venta de materiales, no se entiende cómo el gobierno del estado todavía pretende centralizar los apoyos económicos que la sociedad sigue canalizando a las comunidades dañadas por los sismos por la vía de emisión de tarjetas cuyos ingresos irán a parar a una sucursal del  fideicomiso Fuerza México, que hasta ahora no ha rendido cuentas claras de lo que ha recibido por concepto de donativos a nivel nacional e internacional.

Es un acierto que en todo este proceso de  agandalle gubernamental se impulse la formación de  un Comité Ciudadano de Supervisión y Transparencia, en términos similares a la que propuso recientemente la LXIII legislatura local, sin embargo esta medida debió quedar firme desde antes del inicio de la etapa de reconstrucción para evitar el cúmulo de irregularidades que ya se están presentando tanto con la administración y distribución  de los recursos económicos para la población damnificada  como con las decisiones apresuradas y con evidente dedicatoria electoral que ya están tomando los gobiernos federal y estatal.

Por lo tanto, y en la ruta involucrar a la sociedad y sus organizaciones en la reconstrucción de Oaxaca, los poderes ejecutivo y legislativo deben apresurarse –aquí sí- en la constitución de ese Comité Ciudadano así como atender los exhortos y demandas ciudadanas, como las promovidas por la LXIII legislatura local para hacer público los censos de damnificados levantados por SEDATU, darle preferencia a las empresas oaxaqueñas en las  actividades vinculadas al ramo de la construcción y que los secretarios de SINFRA, SSA, SEFIN, así como el titular de la Coordinación de Protección Civil, rindan cuentas al Congreso, y a la sociedad en general, de sus actividades realizadas para atender las contingencias presentadas durante la etapa de emergencia y las que llevan a cabo en el proceso de reconstrucción.

Además, y ante la ausencia en la mayoría de los 364 municipios declarados como zonas de desastre de consejos de protección civil, es indispensable que “desde abajo” se impulsen comités ciudadanos que no solo vigilen que los programas dirigidos a los damnificados lleguen a su destino sino que se evite el uso  partidista y electorero de dichos programas.

Después de todo no debe perderse de vista que buena parte de la estrategia gubernamental para enfrentar los efectos sociales y políticos de los sismos, tanto a nivel federal como de los estados, está orientada a aprovechar esta coyuntura para reposicionar al partido del viejo régimen y evitar a toda costa que en el 2018 se haga realidad la primera alternancia política hacia la izquierda.

@YescasIsidoro

Octubre 7 del 2017.