Los niños tienen derechos

Por Samael Hernández Ruiz

La Sección XXII del SNTE ha decidido declarar el paro indefinido de los servicios de educación básica este 28 de mayo, que afectará a más de novecientos mil alumnos de educación básica. Lo anterior le plantea, una vez más, serios problemas a los oaxaqueños, sobre todo a los niños y jóvenes escolares.

La Sección XXII del SNTE argumenta que está obligada a tomar esta medida extrema debido a que el IEEPO no ha dado respuesta a sus demandas, en particular aquella que reclama la bilateralidad, que no es otra cosa que volver por sus fueros en las áreas administrativas del Instituto Estatal de Educación.

No obstante lo anterior, prevalece el derecho a la educación de los escolares y resulta preocupante saber el poco margen de negociación que tiene el gobierno del estado debido a las normas establecidas por la reforma educativa, y la centralización de facto de la administración de los servicios públicos de educación. Las autoridades locales y federales están metidas en un atolladero en su relación con la S22, situación que se agrava por la falta de operadores que conozcan del problema y no quieran arreglarlo todo con dinero público.

El primer problema que plantea el paro indefinido de la Sección XXII es cómo garantizar la continuidad del servicio público de educación. La situación en Oaxaca por los hechos de todos conocidos, pone en cuestión la naturaleza pública de dichos servicios, aunque legalmente mantengan ese carácter.

La continuidad del servicio educativo no debe reducirse a sanciones administrativas a los docentes, que terminan por no aplicarse, y mucho menos a fomentar el enfrentamiento entre padres de familia y maestros. Existen otros medios.

La Sección XXII por su parte enfrenta también varios problemas. Sus argumentos son en general aceptables: es verdad que la actual política educativa afecta los derechos de los trabajadores; es cierto que la reforma educativa responde a dictados neoliberales de flexibilizar la formación laboral de los estudiantes y deja en segundo plano la formación del ciudadano; hoy todo parece reducirse a la rentabilidad de las escuelas y a la empleabilidad como valor supremo.

El problema es que en lo particular no son demandas sino consignas. Es necesario establecer las premisas que permitan un acuerdo que beneficie a los trabajadores de la educación, que permitan que las demandas puedan ser resueltas en una mesa de negociación. De lo contrario, ningún diálogo tendrá sentido si lo que los dirigentes del sindicato buscan son pretextos para continuar su protesta.

La decisión del paro indefinido con acciones “radicales” puede ser un suicidio político. La población está molesta y las acciones del sindicato le dan la oportunidad al ala dura del gobierno para justificar una represión y prolongación del paro termina por convencer a una buena parte de la población, que lo mejor es la educación privada; es decir, lo contrario de lo que dice buscar el sindicato.

Por otra parte, la legitimación de la decisión tomada con la llamada “consulta a las bases”, tiene sus puntos débiles: ¿será necesaria otra consulta a las bases para regresar a clases?

La forma de la consulta y la inconsistencia de la información estadística con la que se dio por terminada, despierta sospechas en algunos grupos del magisterio. De 35,399 maestros consultados, 29, 139 votaron por la fecha de inicio del paro y 29, 491 por el alcance nacional o estatal de las acciones, no cuadra. Un análisis más detallado lo puede encontrar en el blog del autor (https://wordpress.com/post/samaelhernandezruiz.wordpress.com/1091 ).

Al interior de la Sección XXII hay grupos interesados en intentar el boicot de las elecciones como en 2015 con argumentos de izquierda, centro y derecha; los hay también que piensan que las elecciones no son materia de la lucha magisterial como gremio. Sin embargo, la posibilidad de que la jornada de este año se desborde tiene una alta probabilidad.

En su análisis la Sección XXII afirma en su documento de orientación de la consulta:

“… la valoración del tiempo efectivo de lucha y el impacto que debemos generar desde el mes de mayo hasta antes del término del ciclo escolar, y las acciones que se implementarán durante el paro de labores para lograr la mayor presión al gobierno estatal y con esto arrancar las demandas que por más de un año hemos estado exigiéndole al estado.”

En efecto, el tiempo es un factor crítico en todo este asunto. Si la Sección XXII no negocia con la posibilidad de un “repliegue táctico”, las acciones pueden desbordarse. Si la Sección XXII no negocia como tal y deja en manos de una eventual comisión nacional única de negociación la construcción de los acuerdos, se estará metiendo en problemas. Tendría que establecer con claridad que dicha comisión sea sólo una instancia de coordinación y no de decisión.

En fin, esperemos que la sangre no llegue al río, aunque el cielo se vea nublado. Cierro diciendo: no olvidemos que los niños, también tienen derechos.

Samael Hernández Ruiz
samaelhernandezruiz@gmail.com

 

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