La reforma educativa, desgaste y evolución

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Por Samael HERNÁNDEZ RUIZ

El impulso de la reforma educativa parece limitarse a las evaluaciones docentes y deja de lado otras vertientes menos controvertidas, pero igualmente discutibles. Si agregamos a lo anterior la proximidad del relevo del gobierno federal, podríamos afirmar que la reforma mengua.

Si bien la reforma educativa es de carácter constitucional y eso garantiza en parte su continuidad, la modificación de sus leyes reglamentarias podría reorientarla, cambio que, al parecer, se contempla en varias agendas para un futuro próximo, ya veremos.

Con respecto a lo anterior, estaría en parte de acuerdo, porque creo que la reforma debe ser modificada para procurar el desarrollo educativo nacional bajo otros parámetros, circunstancias jurídicas y políticas.

Otra opción de cambio la representa la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) que, siendo la mayor fuerza opositora a la reforma, hoy parece debilitada o al menos confundida.

En su última reunión de Asamblea Nacional Representativa (27/05/17), la asistencia de delegados fue baja (143) las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al menos su disidencia, han perdido presencia en la ANR; los de siempre, allí estuvieron: Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, en ese orden de importancia.

Aunque algunos opinan que la estrategia de la CNTE ha variado, sus acuerdos recientes sostienen las “rutas” de movilización, la pedagógica, la legal y la de acumulación de fuerzas. Se le apuesta al paro antes de que finalice el presente ciclo escolar; o no iniciar el ciclo 2017-2018. Por otra parte, la huelga nacional para noviembre de 2017 sigue en sus expectativas. En resumen, la CNTE parece movilizarse sin rumbo con un horizonte 2018 que cada vez más simbólico.

En Oaxaca la Sección XXII del SNTE (S22), presenta la misma tendencia con algunas particularidades: ha dejado de lado la lucha por las reivindicaciones de la mayoría de sus afiliados y da prioridad a la de los “regularizados” (resultado en parte de las corruptelas de Abel Trejo) y a los normalistas. Hay confusión y desgaste entre las bases trabajadoras de la S22 y no les falta razón, no le ven sentido a lo que hace su dirigencia. Para algunos la S22 ha perdido el rumbo; para otros se debe persistir en la “estrategia” actual hasta la victoria.

Lo cierto es que en territorio CNTE, la reforma retrocede; pero también la propia CNTE. Es un doble retroceso más que negociado, producto de la correlación de fuerzas y el contexto político nacional. En esto juega un papel importante el formato de las pláticas entre la CNTE y las autoridades; es un formato que propicia confusión y que ubica a ambos actores en un territorio extralegal en el cual, los acuerdos en lo obscurito se instrumentan y se presentan como acciones de “resistencia” o de “autoridad implacable”, pero siempre bajo valores entendidos. El denominador común es que dichas acciones, tanto de la CNTE como las de las autoridades de la SEP, dañan el servicio de educación pública.

En el caso de la SEP con los elevados costos para mantener la política de evaluación docente, al menos en los territorios del CNTE, parece enviar el mensaje de que poco le importa la educación en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Si a los anterior agregamos el hecho de que la reforma educativa afecta a estos estados, la conclusión es obligada. Algunos ejemplos: en Oaxaca el único empleo no precarizado era el que ofrecía el IEEPO; la reforma debilitará la atención a las escuelas en el medio rural marginado, los criterios de calidad de la reforma son incompatibles con la forma en como se ha estructurado la oferta educativa en el estado y el rezago educativo tiene una atención casi nula, lo mismo que el tema de la pobreza; sin hablar del desorden que prevalece en el Nuevo IEEPO.

En el caso de la S22-CNTE, sus paros sólo afectan a los escolares y el gobierno federal es indiferente a esos hechos; no han logrado concretar su propuesta alternativa (PTEO) y su instrumentación sólo profundiza sus diferencias con las comunidades, sobre todo indígenas; su iniciativa ciudadana de reforma educativa no encuentra apoyo firme y sólo sirve como bandera para llamar a la movilización; su política de romper la comunicación con el IEEPO pone en duda el carácter público de la educación en Oaxaca, con la anuencia de autoridades educativas locales que actúan a ciegas en la administración del servicio público de educación, entre otras cosas.

Ante esta situación y el silencio del SNTE, todo parece indicar que la oportunidad para impulsar una reforma de la reforma, se presentará con un cambio de régimen en la política nacional si es que ocurre; pero dicha oportunidad será aprovechable sólo sí los actores colectivos interesados diseñan propuestas claras y se abandonan los reclamos y exigencias necias que no conducen más que al conflicto. Una cosa está clara: no se puede plantear un cambio educativo precarizando la docencia.

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