Gobiernos catastróficos

Isidoro YESCAS

Un mes después de ocurrido el primer megasismo que sacudió no solo la capa terrestre de un tercio del país sino la misma estructura del sistema político mexicano, empiezan a revelarse que, más allá de los reconocimientos a la oportuna intervención gubernamental en la fase de emergencia, lo que después se ha hecho y planeado en la etapa de reconstrucción para atender a la población damnificada se ha caracterizado por la improvisación, el incumplimiento de apoyos ofrecidos, el tráfico de influencias y la soterrada resistencia del gobierno federal y de los gobiernos de los estados declarados como zonas de desastre para transparentar los recursos asignados para la reconstrucción .

Y los señalamientos no solo provienen de los propios damnificados, sino de diversos sectores de la sociedad, ongs e instituciones como el Senado de la República y el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Dos ejemplos: Uno, en el Senado de la República la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, propuso un punto de acuerdo para que los gobiernos de Oaxaca y Chiapas “faciliten la canalización y conducción de víveres así como de los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas”, todo lo que grosso modo revela es que, contra todos los discursos y la publicidad oficial, el gobierno de Oaxaca no está haciendo bien su tarea.

Y la diputada federal oaxaqueña, Karina Barón, también se ha pronunciado en términos similares, haciendo énfasis en la desatención gubernamental hacia los pueblos damnificados de la Sierra Norte y la Cañada, éstos por efectos de la tormenta “Ramón”.

Dos, el INAI acordó emplazar a los gobiernos de los estados declarados como zonas de desastre por los sismos de septiembre, y al mismo gobierno federal, para que transparenten y rindan cuentas de los diversos fondos oficiales destinados a apoyar a los damnificados y a los trabajos de reconstrucción. Asimismo, se pronunció, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, para que se hagan públicos todos los programas y acciones relacionados con las licitaciones y montos de las obras que deberán realizarse en estados como el nuestro para construir y reconstruir viviendas, hospitales, iglesias y carreteras.

Y es que, como ya ha ocurrido con otros desastres naturales, la ruta que ahora se han trazado los gobiernos federal y estatales para la etapa de reconstrucción es evitar la supervisión y vigilancia ciudadana. Asumen esta etapa no solamente como una actividad propia del sector gubernamental sino como una oportunidad para que grupos empresariales aliados al gobierno federal o a los gobiernos de los estados, y los mismos grupos de poder encaramados en los poderes locales, se beneficien económica y políticamente de estos desastres.

Tal parece que lo que se diseña y “planea” desde el escritorio de los funcionarios federales y estatales es la última palabra y de ahí la resistencia para escuchar y atender los reclamos de pueblos de todos los municipios y regiones de Oaxaca, Chiapas y otros estados impactados por los sismos , así como las inundaciones y deslaves provocados por otros fenómenos naturales.

Censos incompletos, damnificados piratas, tarjetas para reconstrucción de viviendas sin fondos o entregados a familias que no sufrieron ninguna pérdida patrimonial, negocios de constructoras nacionales y locales que, en complicidad con funcionarios federales, locales y presidentes municipales presionan a los damnificados a comprometer sus 120 mil pesos para “asegurar” una casa tipo “infonavit” de 50 metros cuadrados o menos, etc.

Estamos así ante gobiernos catastróficos que prácticamente nos están obligando a comprar seguros ya no contra los desastres naturales sino contra los que alientan y provocan gobernantes de todos los colores, cómplices o extensión de una cadena de incompetencias y corruptelas que hacen más difícil la las tareas de reconstrucción y ponen en duda el correcto manejo y administración de los recursos asignados para esta magna tarea.

Twitter. @Yescas Isidoro
Octubre 14 del 2017.