Gasolinazo y protesta social (Segunda Parte)
Samael HERNÁNDEZ RUIZ
La reacción de la población ante el gasolinazo fue espontánea y cargada de enojo e indignación. De acuerdo con los reportes disponibles, fueron 28 estados donde ocurrieron protestas: Chihuahua, Morelos, estado de México, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, Campeche, Sonora, Tlaxcala, Durango, Oaxaca, Yucatán, Nayarit, Tabasco y Baja California.
En todos esos lugares la protesta fue por lo general limitada a pequeños grupos, que van de cincuenta a ciento cincuenta personas, en pocos lugares participaron más de doscientas personas.
En cuanto a quiénes se manifestaron, los reportes de la prensa señalan a ciudadanos comunes, estudiantes, transportistas, empresarios, militantes de partidos políticos y amas de casa. Las acciones incluyeron marchas, bloqueos de carreteras, cierre de oficinas públicas, bloqueos a gasolineras, bloqueos a centros comerciales y en algunos casos, saqueos a tiendas.
El saldo de la protesta en un primer corte es de: cinco muertos (incluyendo a un policía), 1,461 detenidos, 1050 saqueos, 20 mil comercios cerrados y 2.4 millones de dólares de pérdidas por ventas no realizadas. Cabe señalar que la mayoría de las protestas se dieron en la ciudad capital y en el Estado de México (http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38538379 ).
Los columnistas en los medios de comunicación han interpretado de muy diversas maneras lo que hoy ocurre: algunos lo atribuyen a una acción del propio Estado para deslegitimar la protesta, reprimir y después reestablecer la “normalidad” con la aceptación del gasolinazo; otros hablan de un enojo de la población contra el gobierno, por el cúmulo de falsedades, corrupción y políticas impopulares que le atribuyen; otros más, combinan ambas versiones, pero muy pocos analizan con detalle aspectos importantes de la protesta.
En mi primera entrega, decía que el gasolinazo ha operado como analizador de la situación política, económica y social de México y cuando digo esto, me refiero a que permite develar aspectos que por lo general no se muestran en nuestro país por ejemplo: la toma clasista de posiciones.
Quienes apoyan la medida del gobierno federal lo hacen sabiendo que va en contra de las posibilidades económicas de la clase media, los pobres y los extremadamente pobres. Hasta mediados del siglo XX, las clases sociales eran una categoría de análisis que se asumía con la idea de su flexibilidad, es decir, que, bajo ciertas condiciones, cualquiera podría transitar de una clase a otra. No obstante, hoy la división de clases se asume más como un conjunto de castas de las cuales es imposible escapar.
Sólo hay que ver el Informe sobre movilidad social en México del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, al que de ningún modo se puede acusar de revolucionario (http://www.ceey.org.mx/investigacion/Movilidad%20Social/Sobre%20Movilidad%20Social). En efecto, el informe muestra que es mayor la probabilidad de que un pobre o clase mediero descienda a un estrato social inferior, a que ascienda a uno superior; lo que no sucede con el estrato más alto que es inamovible, los nuevos ninis: ni suben, ni bajan.
Quizás por eso la clase media está asustada, si baja a la categoría de pobre, será muy difícil salir de allí, los pobres que bajan a ser pobres extremos están condenados de por vida. Las medidas neoliberales como el gasolinazo, fortalecen la exclusión social del sistema económico, hecho que se manifiesta como un adelgazamiento de la clase media y un incremento en el número de pobres y pobres en extremo. La exclusión del sistema económico, trae una exclusión en cadena de los sistemas de seguridad social, el educativo, el cultural y el sistema de derecho, quedan sólo en pie las ofertas del sistema religioso, la familia y el crimen organizado.
Cuando la historia de vida de los sujetos los lleva al vicio extremo, el consumo de drogas o el alcoholismo, la exclusión es casi total; dicha exclusión comprende ya al sistema religioso, a la familia, de modo que ni el crimen organizado incorpora a los viciosos perdidos.
Se discute hoy si puede darse la exclusión social total (Giancarlo Casuso:http://dianoia.filosoficas.unam.mx/files/6114/6473/6737/dian76_casuso.pdf ), en mi opinión eso implicaría la imposibilidad de que la persona pueda comunicarse para hacerse invisible o sólo visible como cuerpo. Esto último me hizo reflexionar acerca de cómo las enfermedades terminales y la drogadicción o el alcoholismo extremos, pueden llevar a una condición de exclusión casi total, sin que la persona pierda su capacidad de comunicación y en cambio pueda ser observado sólo como cuerpo. Ni siquiera la pobreza extrema lleva a esta condición, sólo la pobreza extrema combinada con la drogadicción o el alcoholismo, también extremos, lo puede hacer.
Para evitar caer en la pobreza, la pobreza extrema o en la exclusión total, las sociedades modernas acuñaron el concepto de derechos humanos, que son aquellos límites que le permiten a un individuo ser persona y por tanto ser “elegible” por los sistemas funcionales del capitalismo. Los sistemas límite, son aquellos que las políticas sociales producen en los países capitalistas y que se describen como políticas de “combate a la pobreza”. En México, estas políticas de combate a la pobreza han sido suspendidas en los últimos tres años. Si las cosas continúan como hasta ahora, en el país no existirán los llamados sistemas límite, y la caída en la pobreza extrema o en la exclusión total, será inevitable para la mayoría.
Por eso la pregunta de ¿quién define la crisis en una sociedad? es central en el efecto analizador del gasolinazo. Quienes utilizan los indicadores macroeconómicos para demostrar que no hay crisis y que su mención es sólo producto de la imaginación de quienes desean desestabilizar al país, se ubican del lado de los estratos sociales altos. Quienes manifiestan su miedo y su ira para intentar no caer en un proceso de exclusión social en cadena, están en el otro extremo.
No niego que existan oportunistas que, desde los partidos políticos más grandes como el PAN, el PRD o MORENA, quieren aprovechar la crisis para ganar votos en el 2018, como si eso resolviera la situación. En el PRI la situación es diferente; hay quienes defienden al presidente de la república y hay quienes, sin decirlo, no están de acuerdo con las decisiones que tomó.
Hay otro tipo de posiciones, las de las organizaciones clientelares que me interesa observar. Carlos Hoevel y Aldo Mascareño definen a una red clientelar como una organización basada en un sistema de reciprocidades y no de derechos universales; en estas redes, el líder o patrón, pone a disposición de sus seguidores protección y ciertos rendimientos sociales, mientras que los seguidores responden con ciertas “contra-prestaciones” y sobre todo, formas de lealtad que devienen en identidad.
Este tipo de redes se puede observar en Oaxaca en el caso de las organizaciones de tianguistas, de mototaxistas, transportistas de materiales, taxis foráneos, algunas de las llamadas organizaciones sociales e incluso, algunos partidos políticos que han desarrollado sistemas clientelares para sus fines electorales y de control político. En todo caso, las redes clientelares son la respuesta construida a partir de la necesidad de la población de no caer en la exclusión social en cadena.
El problema con las organizaciones clientelares es que le dan prioridad a la demanda de sus clientelas a la que ponen por encima de los derechos constitucionales o de la demanda de la mayoría de la población. Lo anterior no significa que las organizaciones clientelares no hagan eco de las demandas sociales como el alto los gasolinazos; si no que están dispuestas a negociar primero sus privilegios, aunque ello implique abandonar la lucha por las demandas de la mayoría de la población.
Lo anterior representa un peligro a la hora en que los sistemas de protesta, que derivan de la situación de los agravios sociales y el gasolinazo, buscan aliados o identifican a las organizaciones clientelares como una posibilidad de incrementar la base social de la protesta. Por lo regular, las organizaciones clientelares abandonan la escena de la protesta una vez que las demandas de sus clientelas son satisfechas.
Al parecer la tranquilidad en Oaxaca, responde a la lógica de negociación entre el gobierno y la red clientelar en el estado, pero puede haber factores que alteren esta situación y desencadenen una crisis política, uno de esos factores es la Sección XXII del SNTE, a la que nos referiremos en la siguiente entrega.