Politica de suma cero 

Feminicidios: Impunidad campante

Durante el gobierno de GABINO CUÉ, los feminicidios se contaron por cientos. Hubo casos sonados en los que jamás las autoridades hicieron algo. La impunidad acompañó a los criminales durante todo el sexenio. No obstante los buenos oficios del primer procurador del régimen gabinista, MANUEL DE JESÚS LÓPEZ y de su sucesor, el actual Fiscal General, HÉCTOR JOAQUÍN CARRILLO, la falta de voluntad política del ejecutivo, dio al traste con el crecimiento de dicho delito. De ls casi cuatrocientos feminicidios y asesinatos viles de mujeres, sobre todo jóvenes, no se resolvió ni un 10%.

La dilación, el tráfico de influencias y la corrupción en los juzgados y ministerios públicos, hicieron su parte. Después de que al menos cuatro madres de víctimas de feminicidio y asesinatos de mujeres, se presentaran ante el gobernador ALEJANDRO MURAT, el pasado 21 de marzo, en la Primera Audiencia Pública y de las instrucciones precisas que el ejecutivo girara al Fiscal General, JOAQUÍN CARRILLO y a la titular de la Secretaría de la Mujer, MIRIAM LIBORIO, tal parece que en otras instancias justicieras se andan tejiendo peligrosas complicidades. Al menos así lo deja entrever la madre de DAPHNE CARREÑO BENGOCHEA, quien ha develado públicamente una cadena de atrocidades que han hecho que la sentencia del inculpado se siga difiriendo, pese a estar confeso y tener los elementos suficientes de culpabilidad.

Para quienes conocen el tinglado del sistema judicial oaxaqueño y la cadena de complicidades, corrupción, interés político y podredumbre que se arrastra desde el pasado, tienen claro que en este caso, como en otros, se está aplicando la ley, utilizando los viejos moldes. Es el reto del nuevo -¿o viejo?- presidente del Tribunal Superior de Justicia, RAÚL BOLAÑOS CACHO GUZMÁN, si es que entre sus propósitos está terminar con la escandalosa corrupción que ha minado por completo la confianza ciudadana en nuestro sistema de justicia, sea la anterior o el llamado Sistema Acusatorio Adversarial. El caso de los feminicidios, hay que subrayarlo, han ubicado a Oaxaca en uno de los primeros lugares a nivel nacional. De los cerca de 400 casos y los casi 20 que van en esta administración, ninguno de los pocos presuntos inculpados que están bajo proceso, ha sido sentenciado. Obvio pues, hay molestia en las familias de las víctimas, pues la justicia diferida de manera inncesaria o sospechosa es premisa de la libertad de los procesados. Es decir, la continuidad de la impunidad campante. (JPA)

 

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