EL COMENTARIO DE HOY: Noviembre 5, 2015

La semana pasada, los citadinos volvimos a vivir ese infierno del que han sido artífices oficiosos, los mentores de la Sección 22. Los bloqueos y el secuestro de oficinas. Durante días, el edificio del IEEPO fue acordonado por grupos radicales. Obvio, la vialidad interrumpida. Hubo secuestro de autobuses urbanos. Es decir, es la película que ya nadie quiere ver y que el magisterio se empecina en repetir. Hasta que en la madrugada del jueves procedió el desalojo por parte de la Policía Estatal.

La historia no termina ahí. La Procuraduría General de la República, que había mantenido en suspenso las órdenes de aprehensión en contra de más de una veintena de cabecillas, hizo efectivas algunas. Cuatro cayeron: Othón Nazariega, Efraín Picazo, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Abel Jiménez García. Se les acusa de ser presuntos responsables de un rosario de ilícitos. ¿Se puede hablar de criminalización de la protesta social? Obviamente no. La libertad de expresión es una cosa; el sabotaje, el incendio, el secuestro de áreas estratégicas del Estado, como la Refinería de Salina Cruz, son delitos del fuero común y del fuero federal que se castigan con cárcel.

Pese a que ya procedieron los descuentos para los maestros faltistas el pasado 2 de octubre, los dirigentes continúan en abierto desafío al Estado, azuzando a sus huestes. De los más de 81 mil mentores, al menos el 90% no quiere ser objeto de sanciones. ¿Por qué pues, siguen participando en actos contra la Reforma Educativa? Aún prevalece el clima de terror, de amenaza y castigo de la dirigencia y de su estructura que maneja la educación en todo el estado.

El gobierno rompió la estructura que se mantenía en el IEEPO, pero no el entramado de complicidades que representan en las ocho regiones, los jefes de sector, supervisores, directores y delegados sindicales. La mayoría de ellos han llegado a esos puestos por consigna o favor del Comité Ejecutivo Seccional. Muchos de ellos ganaron el puesto por su participación en bloqueos, secuestro y mantener a sus compañeros atemorizados, casi como un cártel criminal.

Mientras el Estado no busque modificar e ir sobre esa estructura de complicidades y corrupción; operación ilícita con recursos destinados a la educación y desafío al Estado de Derecho, seguirán los mecanismos de chantaje y presión. En el magisterio como en la sociedad hay hartazgo. Ya se dio un primer paso con la detención de los radicales y acelerados. Lo que valdrá después es darles castigo ejemplar no poner la ley como resorte del arreglo político. Hacerlo será –de ello no hay duda- un agravio al pueblo oaxaqueño que aspira ya a un poco de paz.