El comentario de hoy, miercoles 12 de septiembre de 2018

 

Siempre me he preguntado: ¿Cuáles son los criterios de los organismos defensores de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana con sede en Washington, D.C., la Comisión Nacional –la CNDH- o la Defensoría Estatal, para emitir a determinadas personas las famosas medidas cautelares? En Oaxaca tenemos grupos indígenas; supuestos defensores de los derechos indígenas y contrarios a las empresas que generan energía eólica, entre otros, con las famosas medidas, que les impone una especie de blindaje, no obstante cometer a veces, las peores bajezas. Es el caso del grupo de la etnia triqui que lidera Lorena Merino.

En 1968, el historiador Fernando Benítez publicó en cinco tomos una obra clásica: “Los Indios de México” y dedicó un capítulo esencial a los triquis. Cita la queja de uno: “Me quieren matar porque hablo español. Los asesinos nada más hablan triqui y piensan que estoy firmando escritos; que los estoy denunciando”. El tiempo le daría la razón. Una lucha brutal por el predominio, escenas de degradación colectiva por el alcohol y el odio o la lucha por límites, han sido la carta de presentación de dicho grupo.

En la reedición en 1989 de dicha obra, se asienta en el prólogo: “La violencia y su hija, la muerte, recorren atrozmente las páginas de “Los Indios de México”. Y concluye con una frase de nuestro inmortal Juan Rulfo: “Si no encuentran al hombre que buscan, matan a la mujer y a los niños, ésa es la pura verdad. Aquí si no hay muertos no están contentos”. Si bien es cierto que vivimos otros tiempos, los hechos han demostrado que nunca le faltó razón a Benítez. Ahí están los casos de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas el 5 de julio de 2007 o los de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, locutoras de la “Voz que rompe el silencio”, que fueron asesinadas el 7 de abril de 2008.

Los casos de trata de personas, centenas de homicidios y las guerras sin cuartel entre la misma etnia, podría dar pie a una obra completa. Sin embargo, en los últimos años, grupos de vivales de dicha etnia encontraron el modus vivendi para estar en comodidad y sin trabajar: asumirse desplazados, obtener las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pervivir como parásitos del erario público.

Es el caso de Lorena Merino, que con sólo tres cautelados exige que el gobierno les compre cuarenta lotes; que les asegure su manutención y además, que mensualmente les suministre un pago. Y lo mismo toma instalaciones que agrede a servidores públicos; igual amenaza a periodistas que boicotea actos cívicos. Todo ello con una impunidad insultante. ¿Y saben por qué? Porque tiene medidas cautelares que la hace a ella y a su grupo, sencillamente intocables.

La pregunta es: ¿acaso no puede el gobierno estatal mostrar pruebas y evidencias ante el organismo internacional que le permitan revertir las citadas medidas y aplicarle a la referida lideresa y a sus protectores, simple y llanamente la ley? Es una pregunta. (JPA)

 

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