El comentario de hoy, martes 5 de febrero 2019

Aunque quisiéramos ser optimistas, no es posible. Entre la ciudadanía hay indignación, frustración y coraje. El oaxaqueño oscila entre la paz que se ve de manera oficial y el caos, que se mira desde el ángulo ciudadano. Desde que inició el mes de enero y hasta el final, no vivimos nuestra libertad plena. Los derechos civiles fueron conculcados ora por unos, ora por otros. Los menos sometiendo a los más.

Hemos sido recurrentes en este tema, convencidos de que sin paz y gobernabilidad todo buen propósito se va al vacío. Grupos minoritarios nos mantienen acotados, alienados, aterrorizados. Para los teóricos del Derecho, el deber del Estado es hacer respetar la ley, sin distinción, sin estamentos ni favoritismo. La paz social descansa sobre el Derecho y la vigencia de la ley.

La barbarie y el desprecio por esta norma parecen haberse enquistado en la entidad. Unos porque son intocables, como los maestros o los normalistas; otros, porque han tejido un tinglado de complicidades, como los transportistas u otras organizaciones presuntamente sociales. El Estado –decía Max Weber, creador de la República de Weimar- es quien tiene el monopolio de la violencia legítima. Y ésta debe imponerse cuando la paz social o la estabilidad están en peligro. Ése es el ejercicio de la verdadera política. Lo demás es simulación.

Los bloqueos citadinos o carreteros, instrumentados por grupos o sindicatos han creado en la sociedad neurosis y psicosis, que son el caldo de cultivo de la violencia. Nadie puede vivir bajo la amenaza de despertarse al día siguiente y ver que su libertad de tránsito es simplemente amenazada. Se ha minimizado la fuerza de la sociedad civil. Lamentablemente los organismos que pueden detener esta infamia recurrente, sólo se quejan.

No se pueden reclamar derechos o llevar como bandera la justicia social, cuando se recurre a métodos que son justamente lo contrario. Tampoco conservar privilegios o prebendas, atentando en contra de los derechos civiles. Al desmoronamiento de las instituciones se agrega una cantidad impresionante de factores de desestabilización. Ni maestros ni organizaciones sociales protegidas por organismos de derechos humanos, se rigen por estatutos diferentes en términos de respeto al Estado de Derecho.

En Oaxaca la presión social se ha vuelto una especie de terrorismo que no sólo el Estado ha permitido sino también nuestro conformismo, la forma tan pusilánime en la que hemos solapado lo que en la cúpula del poder estatal se ha definido como lo “políticamente correcto”. Dejar hacer; dejar pasar y que el pueblo siga lamiendo la coyunda, preso de la ignominia y la negativa del Estado a cumplir su papel. (JPA)