El comentario de hoy, martes 29 de enero 2019

Durante dos semanas, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca –el STEUABJO- ha seguido un día y otro y otro, con mecanismos de presión y chantaje. ¿Alguien sabe cuáles son las demandas de este gremio que sigue fustigando no al gobierno, tampoco a las autoridades universitarias, sino al pueblo en general? Sin duda alguna, muy pocos.

Y es que no ha faltado un solo día en que el crucero de Cinco Señores esté bloqueado; que Avenida Universidad padezca un efecto similar o el Boulevard Vasconcelos. Es decir, se hace padecer al ciudadano como usted o como yo, un infierno, todo porque ni el gobierno ni la rectoría han dado una respuesta a las demandas desconocidas de dicho gremio. Vemos pues las marchas, los bloqueos y los agravios a la libre circulación sin saber a ciencia cierta en qué nos competen.

Perdón por insistir en el mismo tema, pero es una infamia que se haga pagar al pueblo o a la comunidad estudiantil de más de 25 mil estudiantes, la nula resolución de un tema absolutamente laboral; que debe resolverse en las instancias competentes no en la calle. Tal cual los mentores de la Sección 22 o los normalistas de la CENEO. En lo personal y desde cualquier trinchera siempre estaré en contra de cualquier tipo de acción que trate de conculcar el derecho a la libre circulación y sea un agravio a los derecho civiles.

En mi particular opinión si no existen condiciones para resolver demandas que se quieren apuntalar bajo mecanismos de chantaje, que no se resuelvan. Es inconcebible que en tiempos de austeridad republicana y de cambios en los paradigmas del pasado, haya quienes insisten en seguir bajo los viejos moldes de la revisión contractual de cada año. Cada enero hay que revisar el pliego petitorio. Pues no. Si no existen condiciones para hacerlo simplemente hay que decirles no.

Hace unos días el dirigente del STEUABJO afirmó que no existe voluntad política ni del gobierno estatal ni de las autoridades universitarias para resolver el asunto, por tanto seguirán con sus mecanismos de presión sin importar las afectaciones a la sociedad en general ni a la comunidad estudiantil. Es decir, estaremos sometidos a la voluntad de un solo sujeto que no representa más que a los empleados universitarios.

En cualquier otra circunstancia o país una declaración similar sería objeto de sanción. ¿Bajo qué estatuto o derecho una persona o dos o cien, se asumen responsables de conculcar los derechos civiles de toda una comunidad? La pregunta es: ¿Y qué espera el Estado para responder con los instrumentos que la ley y la Constitución ponen en sus manos? (JPA)

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