El comentario de hoy, martes 26 de enero de 2016

En diciembre de 2010, cuando arribó con bombo y platillo el gobierno de la alternancia, entre el pueblo oaxaqueño nació una esperanza: darle vuelta a la hoja y que todo aquel que hiciera mal uso de los recursos públicos tuviera o cárcel o procedimientos resarcitorios. Hubo del antiguo régimen, al menos 32 indiciados, de los cuales si acaso tres, pisaron la prisión. Con excepción de uno, nada de peces gordos. Eran sólo charales.

Andan sueltos aún los que quebraron el erario con miles de millones. Aquellos a los que les acreditaron no cientos sino miles de millones de pesos. Pero nada ocurrió y a diez meses de concluir este régimen, los indiciados siguen gozando de cabal salud y hasta acreditando persecusión. Y era obvio. Los vicios de antaño contaminaron este gobierno. Si la filosofía del actual régimen era la transparencia, ésta se trastocó en opacidad, en discrecionalidad y en abierta corrupción.

Por fortuna y muy a tiempo, el gobernador Gabino Cué rectificó la ruta y tal parece que a través de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, ha iniciado las pesquisas para dar con aquellos que no sólo defraudaron la confianza gubernamental, sino que en su momento hicieron alarde de poderío y mal uso de los recursos públicos. Esto es, durante su estancia en ciertas áreas claves de la administración estatal como la Secretaría de Salud, la de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable –SINFRA- y Caminos y Aeropistas de Oaxaca –CAO-.

Una de las causas del atraso y marginación de Oaxaca respecto a otras entidades –el Oaxaca enfermo de que hablamos la semana anterior- es la impunidad. Con el mismo rasero con que se miden a ex funcionarios o funcionarios que son presuntamente responsables de peculado o malversación de recursos –hay que tener presente la presunción de inocencia en todo proceso-, con ese mismo hay que medir a los dirigentes que se han convertido en millonarios gracias a las gratuitas concesiones y prebendas que les otorga el gobierno.

Hoy, la crisis mundial se ha recrudecido en la entidad. Ha minado los fondos públicos. Según se sabe, hay pasivos millonarios que no pueden destrabarse en virtud de la escasez de recursos en el gobierno. Ya no son tiempos de bonanza, como en el lapso 2011-2013 cuando se asignaron a diversas organizaciones sociales más de mil millones de recursos estatales. Y fueron a fondo perdido. Si las pesquisas están hoy en su mejor momento para aprehender a quienes hicieron mal uso de los recursos públicos, ¿por qué no cerrarles las llave a esos hampones que con la careta de redentores sociales, lucran a placer de esos recursos? Es una pregunta.