El comentario de hoy, martes 12 de mayo 2020

Se agota el tiempo para el que el Congreso del Estado apruebe y armonice la Ley Estatal de Educación. No es tarea fácil, sobre todo porque en la misma bancada del Movimiento de Regeneración Nacional –Morena-, compuesta por 26 diputados y diputadas, ni siquiera se ponen de acuerdo. Hace al menos dos semanas, la Comisión de Educación de dicha legislatura, conformada al menos por cuatro representantes de dicho partido, propusieron una iniciativa, en lo que fue calificado con el término vulgar de “madruguete”.

Al trascender dicha acción, sin que la ciudadanía o el sector vinculado a la educación, supiera contenido y esencia de la citada iniciativa, la dirigencia sindical del conocido como Cártel 22, fijó su postura. De aprobarse la misma sin la obligada consulta al magisterio llamado a sí mismo democrático, habría de generar movilizaciones y protestas.

La semana pasada, el resto de la bancada se deslindó de la propuesta de sus compañeros, mostrando ante los oaxaqueños, una vez más, las fracturas que hay en el citado partido y los desacuerdos existentes; la falta de seriedad para asuntos de trascendencia y la celeridad con la que se pretenden proponer iniciativas, decretos o puntos de acuerdo. Es decir, un ejercicio legislativo cuestionable y proclive al protagonismo.

En una reunión sostenida hace sólo unos días, y haciendo evidente el paso en falso que ya se había dado, la diputación permanente del referido partido, acordó realizar las consultas necesarias, que lleva como objetivo lograr consensos con los maestros oaxaqueños. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta el apremio del tiempo y las circunstancias de la emergencia sanitaria en que vivimos.

Lo dicho pues, nuestros representantes populares andan en otra frecuencia, no en lo que respecta a las prioridades que demanda su función. Pero veamos nada más en otros rubros. Según el Primer Informe Trimestral del período enero-marzo del Ejercicio Fiscal 2020, mantener a los 42 representantes populares y demás personas, servicios y apoyos varios, nos ha costado a los oaxaqueños 198 millones de pesos. Es decir, 82.6 millones de pesos más, de lo que se gastó en el mismo período en 2019. Lamentablemente no tenemos en Oaxaca algún organismo de la sociedad civil o académico, que pondere la productividad legislativa. Sólo nos atenemos a la medición del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que sigue considerando al poder legislativo oaxaqueño, como uno de los más onerosos e improductivos del país –y yo le añadiría, uno de los más opacos, reacios a rendir cuentas. (JPA)

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