El comentario de hoy, jueves 6 de febrero 2020

Nada tan complejo en Oaxaca como aplicar la ley. De inmediato vienen las presiones. Hace unos meses, fue detenido el ex edil de Jalapa de Díaz, luego de operativos de la Fiscalía Estatal, en ciertos domicilios en dicha comunidad. Se encontraron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y se detuvo a los presuntos responsables. De inmediato se soltaron las presiones. Incluso de representantes populares, en el lamentable papel de defensores oficiosos. El ex presidente municipal fue liberado, no así cinco de sus policías municipales. El pasado 23 de diciembre, un comando armado lo ejecutó.

La semana pasada marcharon por la capital y hasta pernoctaron en Ciudad Administrativa, militantes del llamado Consejo Indígena Popular de Oaxaca –CIPO- para exigir seguridad en sus comunidades. Y el domingo anterior, integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), luego de una marcha, realizaron la entrega de su pliego petitorio al gobernador y se pronunciaron a favor de la paz y la justicia en la zona triqui. Nadie ignora que, en dicha región indígena, la muerte tiene permiso. Desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos, han sido la constante durante muchos años.

Luego de denuncias y evidencias sobre crímenes en Santiago Yaitepec, en las que se ha señalado como presunto responsable al edil, Roberto Salinas Santiago, fue detenido hace unos días, por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). De inmediato sus cercanos bloquearon la carretera que conduce a Santa Catarina Juquila, a la altura de Río Manteca. Además, en la asamblea del domingo pasado, amenazaron en continuar con su escalada de presiones y chantaje. El edil ha sido acusado de formar un grupo paramilitar y de sicarios, para acabar con sus adversarios políticos. Nadie ha dicho que sea o no culpable. Será el Ministerio Público quien acredite dicha responsabilidad y el juez de Control, quien la analice, vincule a proceso, sentencie o lo libere, en su caso. Lo que hay que poner en tela de juicio es la torpeza de grupos, organizaciones, comunidades y hasta legisladores, que insisten en poner en tela de juicio la vigencia de la ley y el Estado de Derecho. Más aún, la forma tan burda para liberar a aquellos que son señalados de presunta responsabilidad. A todo quieren verle perfil de venganza política o persecución judicial. Siguen con la sobada idea de que detrás de ello hay consigna. Y no advierten las malas acciones de quienes asumen, sin probar, que son inocentes de lo que se les acusa. (JPA)

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