El comentario de hoy, jueves 28 de noviembre 2019

La escalada que existe en contra de los organismos autónomos como son el Instituto Nacional Electoral –INE-, el Instituto Nacional de Acceso a la Información –INAI- y otros, que desde su creación han tenido un perfil ciudadano, manteniendo criterios independientes y contrapeso de los poderes establecidos, es una severa llamada de atención respecto a la ruta equivocada de nuestra incipiente democracia.

El ninguneo al Poder Judicial, el sometimiento del Poder Legislativo y las formas burdas en las que se vulnera la ley, para beneficiar a determinado personaje, léase, Rosario Piedra, nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han creado en el país, una expectación inédita. Ciertamente hay un panorama incierto. El predominio del ejecutivo sobre el resto de los poderes, tan criticable en la larga cuasi dictadura del PRI, parece haberse reeditado de manera burda.

En el caso del INAI, tal parece que en sentido contrario a la ruta democrática nos encaminamos no a la transparencia, sino a la opacidad y la discrecionalidad; no a la rendición de cuentas, sino a la simulación. En menos de un año se han exhibido corruptelas, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses de algunos de los nuevos íconos de la Cuarta Transformación. El riesgo de borrar de un plumazo a los órganos garantes de la transparencia, sería un lamentable retroceso.

Pero el ninguneo a dichos órganos no es sólo en el centro de las decisiones nacionales, sino que se reproduce a nivel local. Un ejemplo es que desde el mes de agosto, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Oaxaca, opera sólo con dos comisionados de tres que lo componen, luego del fin de la gestión de uno de ellos. Simplemente a la comisión respectiva de la Cámara de Diputados local, le ha valido un soberano cacahuate la designación.

Cosas y paradojas de nuestro tiempo: son los y las legisladoras las que califican y validan a quienes se desempeñan en los órganos de transparencia, cuando es el poder legislativo uno de los más reacios a rendir cuentas y hacer transparente el uso de los recursos públicos. No hay que olvidar que, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, nuestros diputados son de los más caros que hay en el país. Pero no sólo eso: son de los más improductivos y convenencieros. Además, por cierto, han hecho institucional el llamado “pago por evento”. Millones para validar solicitudes, nombramientos, cuentas públicas, presupuestos, leyes de egresos municipales, etc. Todo tiene un cargo extra. ¡Vaya cinismo! (JPA)

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