Opinión 

El comentario de hoy, jueves 24 de mayo de 2018

En 2001 se llevó a cabo en Oaxaca el Seminario “Democracia y Medios de Comunicación”, en donde participaron periodistas, editores, investigadores universitarios y conocidos líderes de opinión. Una vez concluido el evento, nació lo que fue conocido como “Grupo Oaxaca”, la semilla que habría de germinar, luego de varias reuniones, formulación de propuestas y cabildeo legislativo, en lo que sería la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada en 2002.

El “Grupo Oaxaca” pues, fue el eje de dicha ley y pivote de la urgencia ciudadana de hacer la vida pública transparente; de acabar con la discrecionalidad y promover la rendición de cuentas. Ello ha sido posible, aunque sólo de manera parcial, gracias a la creación de los órganos garantes, que son las vías para acceder a información pública de los sujetos obligados a proporcionarla.

A nivel nacional nació el IFAI que luego devendría Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y en Oaxaca, años después de promulgada la ley, nació el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, luego Comisión (COTAIPO) y ahora Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que el pasado viernes concluyó la Jornada Anticorrupción y Participación Ciudadana, con el apoyo de diversos organismos nacionales e internacionales.

La conclusión de dicho evento fue que no puede haber democracia en tanto exista opacidad en el ejercicio de gobierno, ni discrecionalidad en el gasto público. La falta de transparencia y rendición de cuentas crea el caldo de cultivo para la corrupción. Una de las formas de abatir este mal congénito que ha pulverizado la confianza ciudadana, es hurgar en archivos y memoranda, para develar las prácticas corruptas de malos funcionarios.

La Ley de transparencia y demás fueron una conquista ciudadana. Ni gobierno federal, ni estatales; ni partidos ni legisladores, pueden arrogarse su aprobación. Se trata de instrumentos que son necesarios para que el ciudadano común o el periodista; el ama de casa o el profesionista, puedan solicitar información ante dependencias e instituciones, obligadas a aportarla.

El ciudadano como usted o como yo tiene derecho a saber a dónde van a parar sus impuestos y el dinero público. No obstante, existe aún una gran resistencia para rendir cuentas. Sindicatos y organizaciones sociales reciben recursos millonarios sin dar cuenta del destino de los mismos. La ley debe obligarlos a que de cada peso que reciben los dirigentes –a veces debajo de la mesa- den santo y seña de su destino. Que no nos vengan con el ardid de que también eso es criminalizar la protesta social, el manido argumento de los opacos y corruptos. (JPA)

 

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