El comentario de hoy… jueves 14 de enero de 2016

El domingo pasado partió de la Diócesis de Santo Domingo Tehuantepec, la caravana de observación civil y solidaridad con Los Chimalapas, la cual fue encabezada por el Obispo Emérito Arturo Lona Reyes y representantes de las organizaciones no gubernamentales “Maderas del Pueblo”, el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, el Comité Nacional de Solidaridad con Los Chimalapas y otras más.

Desde que estalló en fechas recientes la crisis en dicha región, a raíz de la retención de presuntos invasores por parte de comuneros de la Congregación San Francisco de la Paz, perteneciente a Santa María Chimalapas, de nueva cuenta nuestros pueblos zoques, que desde hace muchos años luchan por que se respete la soberanía en su territorio, vuelven a ser nota. En efecto, la caravana en mención fue allá con el propósito de reiterar su solidaridad con nuestros hermanos zoques.

Sin duda alguna, en la región hay muchos intereses, los mismos que traban cualquier solución de fondo. Por ello, a una situación de conflicto y tensión como la que prevalece hoy, se le dan remedios simples, como los que se ventilaron la semana pasada en la reunión que sostuvieron funcionarios estatales oaxaqueños con sus homólogos chiapanecos. Para mala fortuna de los indígenas zoques, la defensa jurídica que ha desplegado el gobierno estatal ha sido deficiente, incluyendo la famosa controversia constitucional que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando el gobernador Gabino Cué acudió a la Secretaría de Gobernación, acompañado de los representantes de los poderes legislativo y judicial, y las autoridades de Santa Maria y San Miguel hace al menos tres años, se decretó una prohibición para que el gobierno del vecino estado realizara actos de gobierno en el territorio que pertenece a Los Chimalapas.

Pero dicha prohibición ha sido desoída una y otra vez. La prueba fehaciente de ello, es que el municipio chiapaneco de reciente creación, fundado en territorio oaxaqueño, Belisario Domínguez, sigue reconocido como tal en el gobierno federal y algunos organismos como el INE.

La razón histórica y jurídica están de nuestro lado. Por ello, diversos organismos civiles y no gubernamentales que defienden el territorio y la soberanía oaxaqueña, opinan que esta situación requiere una solución de fondo y la suscripción de acuerdos al mayor nivel. No es con soluciones ficticias ni buenas intenciones como los ganaderos, tala montes y otros especímenes que existen en la franja que nos pertenece, van a dejar de seguir atizando la violencia y la confrontación. Insistimos: hay demasiados intereses en juego.