El comentario de hoy, 10 de septiembre 2019

El sábado pasado se cumplieron dos años del sismo brutal del 7 de septiembre de 2017, que devastó la región del Istmo de Tehuantepec, más que otras regiones del estado. Se trató de uno de los siniestros más devastadores y de mayor magnitud registrado en una entidad con alta actividad sísmica, como es Oaxaca. Hubo decenas de víctimas y miles de damnificados, que perdieron su patrimonio, sus esperanzas y la confianza en las instituciones.

Juchitán de Zaragoza registró los mayores daños. Casas tradicionales antiguas se vinieron abajo. Luego vendría el sismo del 23 de septiembre –ni siquiera el del día 19- que fue el remate de la tragedia. Lo que había quedado en pie se derrumbó. Los daños se extendieron a Asunción Ixtaltepec, Santa María Xadani, Chicapa de Castro, Unión Hidalgo, los pueblos huaves y decenas de municipios más, que apenas quedaron en pie.

Sin embargo, no obstante el desfile, la permanencia y los recorridos de funcionarios del gobierno federal y estatal, más como espectadores que para poner remedio a la tragedia, nuestros hermanos istmeños se vieron ahogados por la desesperanza y la demagogia oficial. La falacia se vio desde el levantamiento de los famosos censos para registrar a las familias afectadas hasta el reparto de tarjetas de Bansefi, que resultaron un fraude.

Funcionarios voraces, buitres de la desgracia y constructoras fraudulentas hicieron un coctel letal para la reconstrucción. Comerciantes hambreadores de materiales para construcción y contratistas ambiciosos, hicieron lo propio, sobre una zona de tragedia, dolor y muerte. El favoritismo, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses fueron el corolario de una cadena de corrupción que a dos años de distancia mantiene escuelas inhabilitadas y casas sin habitar; templos en ruinas y una sociedad exhausta.

Pero en estos tiempos de megalomanía y autosuficiencia política, diputados y funcionarios apenas se acaban de dar cuenta del terrible rezago en la reconstrucción, señalando fraudes multimillonarios, desvío de recursos y la falta de aplicación de fondos destinados a dicho objetivo. Y señalan, sin llegar al fondo, presuntas responsabilidades sin mayores argumentos. Y el gobierno federal, difunde como el anterior, sólo buenas intenciones. Ojalá que con esa misma enjundia, puedan las instancias responsables, estatales y federales, como la Secretaría de la Contraloría, de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, fincar responsabilidades a aquellos que lucraron con la tragedia de miles de oaxaqueños. Robar a los pobres y a quienes viven en desgracia es un delito de lesa humanidad. Es no conocer la vergüenza ni el decoro. (JPA)

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