Opinión 

El comentario de hoy, martes 20 de febrero de 2017

El pasado viernes, de nueva cuenta, un sismo de 7.2 grados volvió a revivir el pánico y el temor a los latigazos de la naturaleza. Oaxaca ha sido, como ya hemos dicho, a lo largo de su historia, una de las entidades de mayor riesgo a nivel nacional, por la intensa actividad sísmica. A cinco meses de la tragedia que trajeron consigo los sismos de septiembre del año pasado, la madre tierra nos volvió a fustigar.

Sin pesimismo alguno, hay que reconocer que, como se dice vulgarmente, “no la vemos llegar”. La protesta de los damnificados en el Istmo ha sido constante. No se ha avanzado en la reconstrucción. Hay en Juchitán e Ixtaltepec, escombros en las calles, que no han sido retirados. Aún se percibe la desolación y la zozobra. Salvo las famosas tarjetas de Bansefi, que en muchos casos resultaron un fiasco de corrupción, no hay ni recursos ni, creemos, voluntad política para atender a quienes perdieron su patrimonio.

Un nuevo hecho vino a complicar más el panorama. Ahora es la Costa. Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec, Huaxpaltepec, San José del Progreso y decenas de comunidades más resultaron afectadas. El recuento de daños empezó desde el día del siniestro. Y la premura para atender a los damnificados derivó en el lamentable desplome de un helicóptero militar, en donde salvaron la vida milagrosamente, el gobernador Alejandro Murat; el titular de la Secretaría de Gobernación, así como otros funcionarios.

No corrieron con igual suerte las 14 personas: hombres, mujeres y niños, que pernoctaban en un par de camionetas de pasaje, sobre las cuales cayó la aeronave militar. Tienen razón quienes afirman que no murieron por los efectos del sismo, sino por impericia, imprudencia, protagonismo o lo que sea, de las autoridades. Algo que por supuesto, la instancia responsable, la Procuraduría General de la República –la PGR- deberá investigar y deslindar responsabilidades. Nadie puede hacer juicios de valor, de manera apresurada. Ya el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional asumió la responsabilidad de dicho accidente. Nadie más. No somos jueces ni fiscales para señalar, acusar, etiquetar.

Lo peor que puede ocurrir es que en plena euforia electoral y en lugar de hacer un llamado a la solidaridad con los damnificados; de exigir atención e indemnización para los deudos de tan fatal siniestro, haya quienes quieran llevar agua a su molino político y cual buitres, sacar ventaja de la tragedia. La lección de los sismos de septiembre en el Istmo, debe servir para las poblaciones costeñas y evitar rapiña, corrupción, tráfico de influencias y otros vicios. Pero sobre todo, anular la politización de un evento doloroso que nos pegó en el corazón y en el sentimiento de este pueblo oaxaqueño, tan a merced de los golpes de la naturaleza. (JPA)

 

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