Opinión 

Alumbrado público: luces y sombras

Isidoro YESCAS

El ambicioso y hasta ahora único proyecto neoprivatizador para renovar y dotar de un moderno sistema de alumbrado público al municipio de Oaxaca de Juárez se vino abajo por varias causas, pero sobre todo por las extrañas prisas del equipo político-administrativo del presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, para intentar madrugar con un proyecto que por el monto de la inversión y su impacto social ameritaba transparentarlo hasta donde sus opositores lo reclamaban y someterlo a una consulta popular por la vía de la figura del cabildo abierto .

Confiado en contar con un cabildo con mayoría priísta, Fraguas y sus mas cercanos colaboradores erraron al pretender ignorar a los regidores de Morena quienes fueron especialmente insistentes en demandar toda la información técnica, legal y financiera sobre el proyecto. Fallaron también al no tomar en cuenta  la capacidad de presión del Sindicato “3 de marzo”, el mas numeroso y combativo de entre los otros sindicatos que existen en el ayuntamiento citadino . Y tampoco calcularon que su resistencia a no socializar toda la información relacionada con el proyecto de “privatizar” el alumbrado público  iba a ser aprovechado por sus adversarios políticos del propio PRI para no solamente dejar solo al presidente municipal, sino también para descalificarlo mediática y políticamente y, de paso, endosarle la responsabilidad del millonario adeudo por concepto del no pago de pensiones a los trabajadores municipales, situación que también concitó la movilización de los otros sindicatos del ayuntamiento.

Si como luego el propio Fraguas lo explicara con amplitud y detalles el proyecto de Servicios de Alumbrado Público del Municipio de Oaxaca de Juárez era único en el país por todos los beneficios que acarrearía (servicio eficaz y sin costo adicional para los contribuyentes, mayor seguridad pública, reducción de la contaminación ambiental, etc) ¿por qué se canceló la vía de convocar a una sesión de cabildo abierto y escuchar la opinión ciudadana bajo los términos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana?  ¿Por qué tampoco se aceptó la propuesta de los regidores de Morena María de la Luz Ramírez y Jesús Ruiz para que el cabildo acordara un plazo de 30 días para disponer de un proyecto alterno al que ya tenía en sus manos el presidente municipal?

Es cierto que al amparo de la Ley Estatal de Asociaciones Públicas y Privadas, aprobada por el congreso local en el 2013, el proyecto no implicaba privatizar totalmente el servicio de alumbrado público, pero en la medida que sí estaba considerado licitar el proyecto y asignarlo a una sola empresa privada era necesario informar, explicar y transparentar el proceso técnico, administrativo y financiero  que se seguiría para firmar un contrato por 15 años y cuyo costo total, según lo diera a conocer la propia autoridad municipal, se estimaba en 811 millones, 279 mil, 820 pesos con 91 centavos.

De acuerdo a la misma fuente, el pago de este proyecto no tendría un costo adicional para los contribuyentes del municipio de Oaxaca de Juárez pues la fuente de pago proyectado a 180 meses sería con cargo a la partida municipal “Servicios de energía eléctrica para alumbrado público”.

¿Resultaría suficiente esta partida para financiar el costo total del proyecto o, como trascendió, también se pretendía que el cabildo autorizara afectar las participaciones federales ya asignadas al ayuntamiento en funciones, y la de las siguientes administraciones municipales, hasta agotar el plazo de pago de los quince años?

La ausencia de este tipo de información y toda lo que estaba detrás del proyecto, y los propios antecedentes de proyectos similares aprobados en los municipios de Monterrey y Hermosillo, en donde el denominador común fue el tráfico de influencias y los negocios entre funcionarios públicos municipales y estatales con empresarios, despertaron sospechas, resistencias y protestas.

Sospechas de negocios turbios que se deslizaron en un video anónimo en donde se señaló a su cuñado, el  empresario Eduardo Córdoba Brena, como beneficiario del proyecto en el caso de que se hubiese aprobado. Resistencias de los regidores de oposición, e inclusive de algunos regidores priístas alineados a otros intereses, para darle el visto bueno a un proyecto que tenía mas sombras que luces. Y protestas de los trabajadores del Sindicato “3 de marzo” que advirtieron en este proyecto el riesgo de una privatización de largo plazo que terminaría por justificar los despidos masivos.

Al tomar la abrupta decisión de cancelar un proyecto que legalmente aún debía pasar por la aprobación de la LXIII legislatura local, el presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas evitó mas protestas y ruido político, sin embargo su resistencia a transparentar y  someter a consulta popular un proyecto de modernización de un servicio público de alto impacto social creó la percepción de que en el fondo lo que pretendía era matar dos pájaros de un solo tiro: promocionarse como un presidente municipal eficaz y moderno que merecería ser reelecto, y convertirse en un extraordinario facilitador con la iniciativa privada para madrugar con un multimillonario proyecto de alumbrado público al amparo de los instrumentos que la propia Ley Estatal de Asociaciones Públicas Privadas ponía en sus manos.

Pero, como reza el refrán, del plato a la boca se enfrió la sopa.

Twitter: @YescasIsidoro

Marzo 14 del 2017.

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