Opinión 

Al comentario de hoy, martes 29 de junio 2021

Si la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional -Morena- en la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, creyó que desaparecer de un plumazo, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, era pan comido, se equivocó de principio a fin. En este país hay aún dignidad y un movimiento en defensa de las instituciones democráticas. Ésas que se han construido con el esfuerzo y a veces hasta el sacrificio de muchos mexicanos.

Y es que el diputado promotor de dicha iniciativa, Fredy Delfín, no sólo se entrampó en la celeridad por aprobar el decreto, sino en la falta de leyes secundarias que, hasta el día de hoy, han hecho improcedente la reforma constitucional para desaparecer el citado órgano. Más aún, la semana pasada trascendió que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) -que es como una especie de hermano mayor del instituto local- aprobó interponer una acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de su desaparición.

La ignorancia y la superficialidad siguen permeando en nuestra representación local, con sus contadas excepciones. Atentar en contra del Instituto de Acceso a la Información local, implica desconocer el origen del mismo; la lucha del llamado “Grupo Oaxaca”, para hacer realidad la transparencia, la rendición de cuentas y acabar con la opacidad. Ello fue interpretado hace dos décadas, como una conquista de la sociedad civil y un paso importante en nuestra ruta democrática. No un logro de los gobiernos ni de los partidos políticos.

No es la primera vez que el Congreso local da un salto al vacío. Uno de ellos fue la aprobación de la llamada Ley Anti-chatarra, justo cuando asomaba la emergencia sanitaria por la Covid-19. No sólo fue inoportuna, justamente por el impacto económico en miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que habían empezado a resentir los efectos letales de la pandemia, sino porque hoy en día sigue como letra muerta. Una vez más, la ignorancia en cuestiones parlamentarias hizo de la misma sólo un buen propósito. Otra más fue la ley sobre Residuos Sólidos, que prohibía la venta de comida y refrescos en envases de PET o unicel, cuya vigencia tuvo que postergarse al menos un año luego de su aprobación. Lo que no olvida nuestra flamante representación popular es la de exigirle prebendas a los funcionarios del Poder Ejecutivo; contratos; obras; concesiones y, por supuesto, el abominable “pago por evento”. De risa, cuando exigen que se rindan cuentas del destino de los 3 mil 500 millones de pesos que le aprobaron al ejecutivo solicitar de préstamo en 2019, cuando una buena tajada fue destinada al soborno legislativo. ¡Vaya, honestidad! (JPA)

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